23/03/2010 | "HACIA LA REDIFINICIÓN DE LAS POLITICAS CULTURALES PUBLICAS EN EL CONTEXTO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO:
UN APORTE DESDE LA PERSPECTIVA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO"

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La visión actual de la cultura que estamos construyendo apunta a su comprensión como una parte central del capital social y no sólo desde las fronteras clásicas de las artes y el patrimonio.
La cultura, entendida como aquel proceso social de producción, circulación y consumo de los significados en la vida social, como aquel dispositivo que opera en el terreno de reunión del individuo humano y el mundo que percibe como real, es el ámbito indiscutible en el que la comunidad --espacio de la praxis humana capaz de convertir el caos en orden y sustituir un orden por otro- podrá comenzar a producir los consensos en pos de una identidad que contenga a todos los que, tal vez desde perspectivas de mundo diferentes pero con un mismo deseo y compromiso, deseamos una Nación justa, plural y democrática.
Por esto, sostenemos la necesidad de considerar a la política cultural como política de Estado, en el sentido en que implica el conjunto de valores y objetivos de largo plazo y que se diferencia de aquellas decisiones que no representan aspectos fundamentales de los intereses de la Nación, aunque tengan significado para grupos determinados de la sociedad.
En este sentido, la política cultural así considerada, constituye un proyecto social que tiene el significado de una visión de país con una estructura coherente de propósitos y una imagen objetiva hacia el futuro más lejano. Por ello debe ser más amplia que un plan de gobierno aplicado a una particular coyuntura económico-social. De hecho, una política de Estado es la definición más concreta de un proyecto social que, en las sociedades democráticas como la que aspiramos a consolidar, requiere contar con algún nivel de consenso de las fuerzas políticas en su definición y la necesidad de su legitimación en respuesta a necesidades sentidas y expresadas por la ciudadanía.
La política cultural, así como el conjunto políticas sociales, se encuentra en el centro mismo del orden social en tanto contribuye a su construcción como totalidad, al mismo tiempo económica, política y social. Hasta donde es posible evitar ambigüedades al respecto, nos referimos a lo que constituiría lo específico de la política: la producción de discursos (en sentido amplio, de practicas significativas) referidos a la sociedad y al principio articulador de esa sociedad como un todo.
En este marco, se plantea la necesidad de redefinir la cultura desde su dimensión institucional pública, lo que implica la restructuración de un modelo de gestión que articule e integre ineludiblemente los niveles nacional, regional, provincial, municipal e incluso el microlocal. Ello conduce al desafío y formulación de un sistema cultural federal y democrático que constituya la herramienta capaz de consagrar la plena responsabilidad del Estado frente a la cultura, entendida esta como dimensión esencial de la vida en sociedad.
De lo que se trata entonces es de crear los instrumentos institucionales que permitan aportar a la construcción de una verdadera democracia cultural participativa que supere los escenarios y tendencias que han predominado hasta nuestros días en la agenda publica, tales como:

• La excesiva concentración de la inversión cultural en determinadas regiones del país, como consecuencia de nuestro ya tradicional modelo centralista que, aunque muchas veces criticado, se plantea como de muy difícil resolución, esquema que se reproduce a su vez al interior de las provincias y de las localidades.

• el predominio de un modelo difusionista de la cultura en el que la mayoría de los argentinos, concebidos como "objeto" de las políticas culturales, solo constituyen meros receptores de la cultura "otra" o de los "otros",

• El insuficiente apoyo y la ausencia de marcos regulatorios así como de mecanismos de promoción y circulación que favorezcan el desarrollo de las industrias culturales al servicio del proceso de construcción social de la nación,

• El avance del mercado en la definición del acceso diferenciado a los bienes y valores culturales que refuerza y reproduce la profunda segmentación de nuestra estructura económico- social.

• El divorcio entre las estructuras burocráticas de gestión y los actores culturales.

• La ausencia de políticas y estrategias de formación artística y cultural de calidad al alcance del conjunto de los sectores que conforman nuestra sociedad,

• El insuficiente reconocimiento de la labor de los trabajadores de la cultura, entre otras cuestiones importantes.

Para dar respuesta a estos problemas es necesario adoptar una política cultural capaz de posibilitar un desarrollo cualitativamente distinto y estratégicamente sostenible como fundamento del sistema democrático, una política que apunte a generar los necesarios cambios que rearticulen y hagan posible un nuevo contrato social.

En este sentido, la problemática cultural deberá interpelar al conjunto de los actores sociales, económicos y políticos involucrados en el desarrollo del país para discutir las bases culturales de la sociedad argentina, en la que se integren horizontalmente las particularidades de cada región y provincia, las expectativas y demandas de los diversos grupos sociales que constituyen el mapa complejo de nuestra contemporaneidad. Se trata, en síntesis, de alcanzar un modelo de desarrollo cultural articulado con un proyecto de desarrollo de país/provincias, basado en la unidad en la diversidad y sostenido en el principio de equidad para la construcción de la ciudadanía.

Es en este sentido que la provincia de Río Negro aspira y reclama un replanteo de los abordajes con que normalmente se ha analizado el desarrollo cultural argentino. Hay demasiados vacíos que no se contestan, y surgen numerosos interrogantes sin respuestas claras. Se requiere, en consecuencia, un análisis profundo que propicie y conjugue alternativas de acción efectivamente imaginativas, con una visión de transformación a mediano y largo plazo, con miras a la construcción de un proceso real de articulación del Estado nacional, provincial y municipal.

Desde este punto de vista, sostenemos que, para lograr una democracia integral de la sociedad, se requiere en los próximos años de la participación de lo cultural como protagonista social y económico, así como el diseño de políticas públicas en materia cultural, en sintonía con las necesidades de la población. Algunas de esas líneas prioritarias podrían ser:

• Consolidación de los espacios de concertación federal de las políticas culturales, avanzando en instancias de definición, planificación y coordinación que permitan proyectar los ejes de la política cultural nacional articulando la acción conjunta de los distintos niveles del Estado, recuperando la centralidad de la política cultural como política transversal y garantizando una distribución equitativa de los recursos.

• Garantizar espacios efectivos de articulación de las políticas culturales con otras políticas de Estado. La mirada cultural debe servir para recuperar el terreno de los valores, de las ideas, de la innovación creativa a la hora de ordenar el crecimiento económico, la lucha contra la pobreza, la marginación, el desempleo o las dificultades derivadas de la crisis de integración social.

• Garantizar el incremento de las partidas presupuestarias destinadas a sostener las políticas culturales hasta alcanzar, en armonía con el desarrollo integral del país, el piso mínimo del 1 % del presupuesto conforme a 10 propuesto por la UNESCO.

• Diseñar Políticas Culturales ajustadas a los Planes Nacionales y Regionales de Desarrollo a partir de la convicción de que la dimensión cultural es un eje estratégico básico para afrontar los retos contemporáneos.

• Asegurar una efectiva representación federal de las expresiones y producciones culturales en los ámbitos de integración tanto regionales como mundiales.

• Impulsar la sanción de una nueva Legislación Cultural, armónicamente articulada tanto en el orden nacional, provincial como municipal.

• Reordenar la Administraci6n Publica Cultural tomándola mas ágil y disponible para atender alas reales necesidades de la comunidad.

• Bajo la regulación estatal de las políticas culturales, estimular la participación privada en el desarrollo de proyectos y programas específicos del sector.

• Democratizar el tejido cultural del país a partir de una actitud atenta y respetuosa de los procesos sociales, huyendo de cualquier perspectiva de dirigismo y entendiendo que en la realidad cultural intervienen múltiples influencias: el contexto internacional, la historia y la tradición cultural acumulada, la configuraci6n (y el modelo) del Estado, la producción creativa, el vector lingüístico, la interculturalidad y las revoluciones tecnológicas.

• Fomentar la organización de las Redes Sociales y Culturales hasta alcanzar el objetivo de hacer de la cultura un elemento clave de cohesión social, sobre la base de tres conceptos cruciales: equidad, diversidad y solidaridad. El sector de la cultura debe propender a la distribución equitativa de oportunidades en el acceso al conocimiento y a las habilidades sociales necesarias en el contexto contemporáneo, debe basarse en el respeto a la diversidad y debe fomentar espacios y condiciones que permitan afianzar las relaciones de ciudadanía.

• Modificar la estructura de producción, circulación y consumo cultural.

• Promover la creación e institucionalización de espacios de formación y capacitación permanente dirigida al conjunto de los actores culturales, incluidos los referentes burocráticos y políticos.

• Propender al reconocimiento de la labor de los trabajadores de la cultura, a través de la formalización de las modalidades de su contratación.

• Establecer un modelo de gestión de la oferta de bienes y servicios culturales de consumo colectivo que permita la optimización, tanto del acceso como del uso, de la oferta existente y, su articulación económica con los nuevos procesos de recuperación nacional.
Garantizar el acceso a la información cultural, consolidando los esfuerzos iniciados en el Sistema de Información Nacional (SINCA), promoviendo un proceso de permanente actualización.

• Creación de un ámbito que se encargue específicamente de la definición y puesta en funcionamiento de las políticas de promoción y soporte de las industrias culturales en el país, a partir de un modelo de gestión regionalizado con participación tanto del sector Público como del privado y que sea representativo de los diferentes subsectores de las industrias culturales.

• Revalorizar el patrimonio cultural tangible e intangible como mejor garantía de expresar singularidad en un contexto cada vez más global.

• Desarrollar procesos permanentes de control de gestión, evaluaciones cualitativas programáticas e institucionales para la asignación de recursos, con participación ciudadana.

En la construcción de estas alternativas y otras de distinto contenido pero similar orientación, la provincia de Río Negro compromete su inclaudicable vocación democrática y el esfuerzo sostenido de todos y cada uno de los rionegrinos hacia la construcción del federalismo cultural.